El funcionario estaba al frente del equipo encargado de la adquisición de 22 vehículos Lexus ES300, de la firma Toyota, valorados en mil 254 millones de pesos (alrededor de 1,4 millones de dólares), hecho considerado aquí como un despilfarro.
Sectores del Gobierno y de la oposición, miembros del Congreso Nacional y agrupaciones sociales y sindicales señalaron que un gasto de esa naturaleza no estaba en línea con la situación del país, cuya economía aún no supera los problemas derivados de la pandemia de Covid-19.
Como uno de los tres poderes del Estado, el judicial tiene plena autonomía para manejar sus recursos físicos, financieros y tecnológicos, lo cual hace por medio de la Corporación Administrativa, creada con ese objetivo.
En tal sentido, no está sujeto a la fiscalización del Ejecutivo o el Legislativo, pero sí al escrutinio público.
Ante la lluvia de críticas, el pleno de la Corte Suprema de Justicia realizó una reunión extraordinaria el jueves reciente y acordó dejar sin efecto la transacción, que ellos mismos aprobaron por mayoría de votos a principios de mes.
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