Este martes se cumplen seis meses de la votación con la cual el 58,95 por ciento de los ecuatorianos se pronunciaron a favor de dejar bajo tierra el crudo en la región amazónica del Yasuní y desmontar en el plazo de un año la infraestructura allí ubicada.
El indígena waorani Ewene Ima, residente en el Yasuní, manifestó en una rueda de prensa que hasta ahora no ha visto un freno en la explotación, sino todo lo contrario y eso le preocupa.
Confiamos en la consulta popular y seis meses después hemos visto que los gobiernos nacional y local pretenden burlarse del voto ciudadano, expresó el representante de la comunidad waroani.
Hace un mes el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, sugirió la posibilidad de ampliar por un año más el plazo para cesar la explotación del campo petrolero en el Yasuní para recibir los beneficios que genera este yacimiento.
La activista Sofía Torres del colectivo Yasunidos aseguró que hay un patrón de irrespeto a la democracia y a los procesos ciudadanos y eso se repite en los casos del Yasuní y del ChocoAndino.
Exigimos a Petroecuador que haga público el plan de cierre y abandono del Bloque 43 ITT, en la Amazonía, y a la Corte Constitucional las medidas de seguimiento de la sentencia, subrayó Torres.
El abogado constitucionalista Ramiro Ávila solicitó a la Corte Constitucional la activación del mecanismo de seguimiento del cumplimiento del mandato de las consultas de cesar la producción petrolera y minera y, en consecuencia, que se destituya y sancione con cárcel a las autoridades.
Por su parte, Inty Arcos, del colectivo Quito Sin Minería, insistió en que está en peligro la democracia por desoír el mandato popular en ambos casos.
En relación con el proceso para impedir la actividad minera en el Chocó Andino, en el noroccidente de la capital, Arcos hizo un llamado al gobierno provincial, municipal y central para que revisen concesiones otorgadas de manera inconsulta.
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