El experto pidió a los países fortalecer y coordinar medidas para reducir el acceso del actual Gobierno a las armas y la financiación que necesita para sostener sus ataques contra la población.
En un comunicado de prensa divulgado aquí, Andrews advirtió sobre el aumento de las amenazas contra los civiles luego de que la junta aprobara una orden que permitiría que los hombres de 18 a 35 años y las mujeres de 18 a 27 años puedan ser reclutados en el ejército.
El plan pretende inscribir a cinco mil personas por mes a partir de abril mientras que aquellos que eludan el servicio militar o ayuden a otros a hacerlo serán castigados con hasta cinco años de prisión.
“A medida que la junta obliga a hombres y mujeres jóvenes a incorporarse a las filas militares, ha redoblado sus ataques contra civiles utilizando arsenales de armas poderosas”, alertó el relator independiente.
De acuerdo con el experto, los signos de desesperación, como la imposición de un servicio militar obligatorio, no son indicios de que la junta y sus fuerzas sean una amenaza menor para el pueblo de Myanmar, sino que, por el contrario, muchos enfrentan peligros aún mayores.
Cifras de Naciones Unidas estiman que casi 2,7 millones de personas continúan desplazadas internamente en todo la nación, lo que incluye casi 2,4 millones que fueron desarraigados después de la toma de febrero de 2021.
El golpe militar mantiene al país en un conflicto entre las fuerzas del ejército con grupos armados de oposición, lo que ha provocado desplazamientos masivos y miles de víctimas.
En ese escenario, la decisión de poder de facto de activar la ley de reclutamiento es un intento de justificar y ampliar un patrón forzoso que ya está afectando a personas en todo el país, a juicio del relator de Naciones Unidas.
“Los jóvenes están horrorizados ante la posibilidad de verse obligados a participar en el reinado de terror de la junta. El número de personas que huyen a través de las fronteras para escapar del servicio militar obligatorio seguramente se disparará”, alertó.
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