Al comparecer ante la Comisión de Estado por la Justicia, varios aspirantes al Palacio de las Garzas (sede del Ejecutivo) presentaron sus proyectos de ganar en las urnas el 5 de mayo próximo, incluida el enfrentamiento al crimen organizado y su influencia en la política.
Para el abanderado del gobernante Partido Revolucionario Democrático), José Gabriel Carrizo, el primero en dar sus criterios sobre el Pacto de Estado por la Justicia, creado en 2005, es clave hacer modificaciones a la carta magna , a través del método de dos asambleas, una en este y la otra el próximo quinquenio.
Las reformas constitucionales apuntarían a aspectos relacionados con la selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), las funciones de la Asamblea Nacional (parlamento) y la “prevención” de la intromisión del Gobierno en las actividades de otros poderes del Estado.
Por su parte, el candidato por el Partido Popular, el exmandatario Martín Torrijos (2004-2009) se comprometió establecer nuevas metas que den garantías al ciudadano de que hay un sistema de justicia transparente, entre ellas revisar el Sistema Penal Acusatorio.
Torrijos dijo que el crimen organizado ha penetrado la institucionalidad y es preocupante.
Por su parte, Rómulo Roux , candidato presidencial de la alianza de los partidos Cambio Democrático (CD) y Panameñista , insistió en que la mejor vía para introducir cambios a la Constitución es a través de una asamblea constituyente.
También abogó por cambiar el mecanismo de elección de los magistrados y el juzgamiento cruzado que hay ahora mismo entre la Asamblea Nacional y el Órgano Judicial, en el que los diputados procesan a los magistrados y viceversa.
Mientras que el candidato presidencial por el Movimiento Otro Camino (MOCA) , Ricardo Lombana, abogó por disminuir el tamaño de la Asamblea Nacional de 71 a 31 diputados, cambiar los requisitos para ser magistrados y reducir la discrecionalidad del presidente de la República.
Entre los candidatos por libre postulación, quedó pendiente la presentación de la economista Maribel Gordón, mientras Melitón y Zulay Rodríguez, coincidieron en el fortalecimiento de los jueces de paz como uno de sus principales compromisos.
Para Carlos Lee, presidente de la Alianza Ciudadana Pro Justicia y uno de los entrevistadores, dos de los principales desafíos con la administración de justicia es garantizar su autonomía financiera y que el proceso de juzgamiento de magistrados y diputados se cambie, para que no haya influencia política.
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