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Provincia argentina amenaza con interrumpir entrega de gas y petróleo

Buenos Aires, 23 feb (Prensa Latina) El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, advirtió hoy al presidente argentino, Javier Milei, que esa provincia no entregará su petróleo y su gas si no recibe los recursos dispuestos por la Constitución.

Junto a otros jefes de Gobierno de los territorios patagónicos, Torres publicó un comunicado en el que criticó la decisión del Ejecutivo nacional de recortar las transferencias correspondientes.

Nadie puede someter ni extorsionar a las provincias con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio. En febrero el Gobierno nos retuvo ilegalmente 13 mil 500 millones de pesos (más de 16 millones de dólares), más de un tercio de nuestra coparticipación mensual, señaló.

Además, indicó que las acciones de Milei son una revancha por el fracaso en la Cámara de Diputados de la conocida como Ley Ómnibus, la cual disponía la delegación de facultades legislativas en el presidente, la declaración de un período de emergencia y otras medidas.

Más de 600 mil chubutenses ven afectados su derecho a la educación, la salud, la seguridad y el desarrollo. También de manera ilegal, retuvieron las cantidades destinadas al Fondo Compensador de las tarifas del transporte público, explica el texto titulado Las provincias unidas del sur.

Son recursos procedentes del impuesto a los combustibles y tienen una asignación específica. Solo una ley podría disponer otro destino, añade.

El mensaje fue firmado por Torres, los gobernadores de La Pampa (Sergio Ziliotto), Neuquén (Rolando Figueroa), Tierra del Fuego (Gustavo Melella), Santa Cruz (Claudio Vidal) y Río Negro (Alberto Weretilneck).

Avalamos la determinación de Chubut de ejercer en plenitud sus derechos como dueña de sus recursos y responder con acciones contundentes en caso de que el Ministerio de Economía persista en retener los fondos que le pertenecen, afirma el documento.

Quitarle más de un tercio de su coparticipación es una acción criminal que persigue el objetivo deliberado de hacer sufrir a sus habitantes para de este modo forzar a adoptar determinadas decisiones políticas, agrega.

Es una medida contra el sistema federal. Ningún gobernador lo va a consentir ni permitir porque está en juego la existencia misma de la República Argentina, concluye.

lam/gas

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