La disposición de la Juez Segunda Liquidadora de Causas Penales del Primer Circuito Judicial, Baloisa Marquínez, contra el exmandatario condenado en julio pasado a 10 años y ocho meses de prisión por blanqueo de capitales en el caso New Business, señala que tenía que haberse notificado ante el tribunal el pasado 15 de enero (cada 15 días debe hacerlo).
La medida se asume en cumplimiento de una medida cautelar personal que le fue impuesta durante la fase de investigación, pero no cumplió con esta diligencia.
Desde el pasado 7 de febrero, Martinelli permanece en la sede de la embajada de Nicaragua en esta capital, tras recibir asilo por parte del Gobierno del país centroamericano.
Ante el incumplimiento de la medida cautelar de notificación, en enero pasado, el fiscal Emeldo Márquez solicitó la detención del exgobernante.
Para el OJ la detención preventiva en contra del exmandatario condenado es proporcional y necesaria para asegurar la comparecencia del sancionado ante la justicia y salvaguardar los intereses de la sociedad, precisó una nota al respecto.
Martinelli fue condenado en julio pasado a 10 años y ocho meses de prisión y el pago de una multa de 19,2 millones de dólares por blanqueo de capitales en la compra irregular de la editorial Panamá América, en el llamado caso New Business.
De acuerdo con las normas, esa condena inhabilita al multimillonario para presentarse como candidato presidencial en los comicios del 5 de mayo próximo con su nuevo partido Realizando Metas. Sin embargo, el Tribunal Electoral (TE) deberá esperar porque el OJ le notifique de manera oficial que la sentencia está en firme para iniciar ese proceso, edicto que se espera sea retirado el venidero 1 de marzo.
Según comunicaciones emitidas por el TE, son los jueces administrativos electorales a quienes compete conocer de la inhabilitación de candidaturas y las apelaciones contra las decisiones de las organizaciones electorales que rechacen las postulaciones.
En la semana también el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) informó a directivos de la empresa Minera Panamá que solo el Gobierno tiene facultades para realizar visitas al enclave en Donoso, provincia de Colón.
El comunicado tuvo lugar en una reunión con directivos de la filial de la trasnacional canadiense First Quantum, quienes habían anunciado un programa de recorridos de la ciudadanía para comprobar la marcha de un plan de cierre ordenado por el Ejecutivo a finales de 2023.
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