Señaló que esas organizaciones al margen de la ley siguen agrediendo y violentando a líderes y comunidades en las que ellos se encuentran.
La exigencia del Partido tiene lugar tras el asesinato de Jaime Cuadrado, miembro de este colectivo, integrante de la Unión Patriótica, defensor de los derechos humanos y activista social y político en la localidad de Usme de Bogotá.
En el país se siguen incrementando las cifras de violaciones a los derechos humanos, al mismo tiempo que el gobierno de Duque mantiene su actitud de desconocer está grave problemática, así como la negativa a tomar acciones para contener el asesinato de líderes, masacres y desplazamientos, recalcó.
La dirección distrital del Partido Comunista Colombiano relaciona el asesinato de cuadrado en la localidad quinta de Usme con hechos ocurridos en el sector Compostela de esa localidad.
Recordó que el líder asesinado no vacilaba para denunciar los actos de corrupción, así como el ejercicio criminal de las bandas de microtráfico en la localidad.
‘En este sentido queremos aclarar a la ciudadanía, que el asesinato de Jaime Cuadrado es parte de un entramado criminal que se está sucediendo en muchas localidades de la ciudad de Bogotá donde los grupos de microtráfico, están en una guerra por el control del territorio’, remarcó.
Estas estructuras tienen entre sus características la circulación de panfletos amenazantes, intimidaciones y materialización de dichas amenazas en el asesinato de hombres y mujeres comprometidos con las causas democráticas y populares, puntualizó.
Advirtió que Jaime Cuadrado no fue, como lo señalan algunos medios de comunicación, víctima de una riña, sino de un plan para efectivamente acabar con su vida.
‘Solicitamos de las autoridades judiciales el pronto esclarecimiento de las circunstancias en las que fue asesinado nuestro dirigente Jaime Cuadrado, así como, la pronta judicialización de los responsables de estos hechos’, demandó.
También exigió a las autoridades nacionales y distritales aumentar los mecanismos que permitan garantizar la integridad y la vida de los líderes y lideresas sociales y que se brinde adecuada y oportuna protección a quienes así la demanda.
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