El lavado de dinero y la evasión fiscal son formas de robo al Estado, dijo Morales en su cuenta oficial en Twitter.
‘Empresarios políticos que usan el poder para robar la plata del pueblo y esconderla en paraísos fiscales son enemigos de la Patria. Se aprovechan del Estado y esconden sus ganancias fuera de Bolivia’, agregó.
‘Las investigaciones como Pandora Papers y las leyes contra la legitimación de ganancias ilícitas son parte de la lucha contra esos delitos de cuello blanco. Los hermanos transportistas, importadores, gremialistas, empresarios y profesionales trabajadores no tienen nada que temer’, subrayó el expresidente boliviano.
En la Cámara de Senadores de la nación sudamericana actualmente está en proceso de estudio y debate un proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales.
El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, señaló esta semana que la legislación no vulnera la Constitución Política del Estado y mejora el control del Estado sobre organizaciones criminales.
‘No existe una vulneración a la Constitución ni a la ley, esta es una norma que está prevista para mejorar los controles del Estado en relación con las personas que cometen graves delitos de organizaciones criminales y no así para afectar a los ciudadanos y mucho menos a las iglesias, a los periodistas o a los gremiales’, subrayó.
Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, puntualizó en recientes declaraciones que el proyecto de ley se aplicará solo y de forma exclusiva a los denominados sujetos obligados y a aquellos que tienen el deber de informar en virtud a las actividades que desarrollan cuando se detecta un movimiento económico irregular sin ningún fundamento técnico.
Entre los sujetos obligados el documento contempla a bancos, cooperativas de ahorro y crédito, instituciones financieras de desarrollo, entidades financieras de vivienda, de arrendamiento financiero, almacenes generales de depósitos, casas de cambio, remesadoras de dinero, compañías de seguro, corredores de seguro y agencias de bolsa.
También incluye a sociedades administradoras de fondos de inversión, empresas transportadoras de dinero o valores, entidades de titularización del mercado de valores, burós de información crediticia, notarios de Fe Pública, juegos de azar y casino.
Según prevé la normativa, estos deberán reportar movimientos sospechosos e irregulares a la Unidad de Investigaciones Financieras.
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