Tres meses duró el proceso de elaboración de la normativa General, de Ética, Participación Popular y Consulta Indígena para dar paso a la configuración de la carta fundamental.
El inicio de su redacción será el 18 de octubre, fecha en que se cumplen dos años del estallido social de 2019, una de cuyas principales demandas fue cambiar la actual Constitución, fortalecer el papel del Estado y mayor protección en áreas como salud y educación.
La presidenta de la Convención, la académica mapuche Elisa Loncon, agradeció el trabajo intenso realizado durante estos meses por todos los miembros de la asamblea.
‘Ha sido un trabajo de diálogo, de escucha. Ese trabajo lo tiene que saber el pueblo de Chile y llevar el orgullo de que quienes llegamos acá llegamos a cumplir el mandato del pueblo’, expresó Loncon.
En el reglamento de ética, uno de los temas más debatidos fue la tipificación del delito del negacionismo, entendido como toda acción u omisión que justifique, niegue o minimice las violaciones de los derechos humanos registradas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
También se incluyen los delitos de lesa humanidad cometidos durante el estallido social de octubre de 2019 y con posterioridad a este; así como las atrocidades y el genocidio cultural de que han sido víctimas los pueblos originarios y afrodescendientes a través de la historia.
Otro asunto ampliamente discutido fue el del quórum necesario para aprobar las normas constitucionales, el que finalmente se mantuvo en los dos tercios.
El reglamento aprobado establece el inicio de un proceso de participación y consulta indígena conforme a los estándares internacionales y de carácter vinculante; así como el respeto y protección del Estado a las comunidades originarias.
Instalada el 4 de julio tras la elección por voto popular de sus 155 integrantes, entre ellos 17 de pueblos indígenas, la Convención Constitucional tiene un plazo de un año para redactar la nueva ley de leyes.
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