Documentos filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación revelaron que en 2010 Piñera y su familia vendieron a un amigo acciones de la minera Dominga por 152 millones de dólares, 138 de los cuales se negociaron en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.
El pago debía efectuarse en tres cuotas, la última de las cuales estaba condicionada a que no se cumpliera el reclamo de defensores de la naturaleza de declarar la zona como de protección ambiental.
Por recomendaciones de la Unidad Anticorrupción que analizó los Pandora Papers (Papeles de Pandora), el fiscal nacional, Jorge Abbott, decidió el viernes abrir una investigación penal contra el presidente por presuntos delitos de cohecho, soborno y tributarios.
Tras el anuncio de la Fiscalía, cientos de personas marcharon por el centro de esta capital para exigir la renuncia de Piñera, la paralización del proyecto minero-portuario Dominga y la liberación de los detenidos durante el estallido social de 2019.
‘Basta de corrupción’, podía leerse en una gran pancarta portada por los participantes en la manifestación, convocada por organizaciones de estudiantes, sociales y medioambientales.
‘Es de esperar que esta vez la fiscalía haga acuciosamente su trabajo, investigue bien y persiga la responsabilidad penal que corresponde por estos eventuales delitos sin importar que se trate del presidente de la república’, afirmó el diputado del Frente Amplio Marcelo Díaz.
Piñera también podría enfrentar una acusación constitucional, si prospera una iniciativa que presentarán las bancadas de la oposición la próxima semana en la Cámara de Diputados, donde se necesitan 78 votos para su aprobación.
De pasar al Senado, analistas consideran incierto el panorama porque se necesitan 29 sufragios de 43 y la oposición cuenta con 24 .
Independientemente de cuál sea el resultado, el caso ya impactó la campaña con vistas a los comicios del 21 de noviembre para escoger al próximo presidente del país (2022-2026), así como a diputados, senadores y consejeros regionales.
Una encuesta publicada esta semana confirmó en el primer lugar al candidato de la coalición de izquierda Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, sin embargo, el aspirante del oficialismo, Sebastián Sichel, fue reemplazado del segundo puesto por el ultraderechista José Antonio Kast.
‘El efecto que dejarán los Pandora Papers tendrá insospechadas consecuencias políticas y electorales que probablemente superen con largueza a las judiciales’, señaló un artículo del diario digital El Mostrador.
Añadió la publicación que los principales afectados por las esquirlas políticas y electorales son el actual presidente y el candidato de la coalición de derecha Chile Podemos Más, Sebastián Sichel.
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