El gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el Comité Cívico pro Santa Cruz, dos figuras abiertamente hostiles al presidente Luis Arce y el Movimiento al Socialismo (MAS) son los instigadores de la movilización que pretende tener carácter nacional.
Tergiversando la realidad se declaran víctimas de una supuesta persecución política, categoría extensiva a otros líderes opositores, y exigen la abrogación de la ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, entre otras normas, porque dejaría al descubierto operaciones financieras ilegales, algunas relacionadas con pagos a los perpetradores de los hechos violentos relacionados con el Golpe.
Pero según analistas el objetivo es desviar la atención de sus verdaderos delitos (incluido el intento de magnicidio), evitar ser juzgados, y desestabilizar al Gobierno de Arce, empeñado satisfactoriamente en la recuperación económica del país y la lucha contra la pandemia de la Covid-19.
Entre los procesados en el caso Golpe de Estado abierto por la Fiscalía boliviana destaca el exlíder cívico Camacho, su padre José Luis Camacho, y numerosos representantes de la derecha más rancia en la nación sudamericana.
El vocero presidencial, Jorge Richter, denunció que estos grupos saldrán a las calles porque no están dispuestos a esperar ni cinco, ni 10 años, debido a que el voto popular no les favorece y por ello buscan la ruptura constitucional como en noviembre de 2019.
‘Van a hacer un esfuerzo de movilización de financiamientos descomunales, y todos aquellos que negaron su participación en el golpe, hoy, en una mano con un discurso no creíble de democracia, de libertad, de recuperación de la institucionalidad, salen nuevamente a las calles para ver si otra vez, hablando de democracia y libertad, nos pueden conducir a un baño de sangre’, denunció Richter.
Dijo que ellos pretenden impedir que el MAS (fuerza política de gobierno), de obreros, campesinos, indios y sectores populares, reconstruyan la Bolivia que dejaron despedazada con la administración de facto de Jeanine Áñez.
La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, manifestó que la administración de Arce rechaza de manera contundente a quienes insisten en ganar a través de la violencia, la confrontación, la generación de odio, y el enfrentamiento lo que no logran conseguir en las urnas, porque lo que buscan en el fondo es impunidad.
En esa línea el titular de Justicia, Iván Lima, declaró que un paro nacional como el convocado por el Bloque de Unidad de partidos y grupos opositores causaría un daño económico diario de al menos 112 millones de dólares al país.
Por su parte esa coalición, conformada en la cumbre opositora del pasado 4 de octubre, anunció que respaldaría toda clase de protestas contra el Gobierno.
De otro lado, el máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, convocó a la marcha nacional en defensa de la democracia y los símbolos patrios que se llevará a cabo el día 12 de octubre en Santa Cruz.
Al igual que numerosas organizaciones y movimientos sociales en el país, la COB expresó su total apoyo al presidente Arce y al trabajo de su Gobierno por sacar adelante la economía y defender la dignidad de los bolivianos, entre ellos los pueblos originarios históricamente discriminados por la derecha.
Huarachi aseveró que están totalmente claras las intenciones derechistas de reeditar el golpe de 2019, lo cual no van a permitir.
Precisó que los movimientos sociales afines al MAS decidieron manifestarse en Santa Cruz ‘porque es allí donde se gesta la desestabilización’.
Tras las recientes ofensas realizadas al símbolo nacional de la Wiphala por políticos derechistas y autoridades del departamento de Santa Cruz, el presidente Arce ratificó el compromiso de fortalecer la lucha contra el racismo y toda forma de discriminación.
Recordó que durante el gobierno de facto la Wiphala fue emblema de resistencia al golpismo, y con su desagravio advirtió a los provocadores ‘que no pasarán’.
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