En el habitual Consejo de Gobierno de los martes, el presidente Carlos Alvarado afirmó que ‘nuestro objetivo es que la gente se vacune. Queremos cuidar a la población y que se vacunen para el beneficio de todas y todos’.
Precisamente, Alvarado y el ministro de Salud Daniel Salas firmaron el decreto ejecutivo que a partir del viernes obliga a los funcionarios y empleados públicos a vacunarse contra la Covid-19.
El documento incluye a aquellos trabajadores del sector privado cuyos patronos, dentro de sus disposiciones laborales internas, decidan optar por incorporar dicha vacunación como obligatoria en sus centros de trabajo.
El texto refiere que será responsabilidad del patrono tomar las medidas correspondientes de acuerdo con la legislación del país y la normativa institucional, en el caso de los trabajadores que no quieran vacunarse contra la Covid-19.
Sobre el informe a presentar a inicios del próximo mes, el Consejo de Gobierno detalló que las entidades solo entregarán datos generales sin detalles individuales ni sensibles, y que efectuarán un proceso de sensibilización entre las personas no vacunadas sobre la necesidad de inmunizarse contra esa enfermedad.
De no surtir efecto -prosiguió- girarán la instrucción de hacerlo a los funcionarios que rechacen la vacunación, quienes tendrán entre cinco y 10 días hábiles para cumplir la orden y, una vez agotado el plazo, afrontarían medidas disciplinarias como un procedimiento administrativo, una multa fija –un salario base– y denuncia ante el Ministerio Público.
Al respecto, la ministra de la Presidencia Geannina Dinarte explicó que el reporte contendrá la cantidad de personal con esquema completo, la de personas con primeras dosis, los que tienen certificado de contraindicación médica para esta inmunización y los no vacunados.
Dinarte adelantó que pedirán un segundo informe sobre este tema el 26 de noviembre próximo.
Por ello, resaltó la necesidad de hacer todos los esfuerzos necesarios para promover la vacunación, en la importancia de proteger la confidencialidad de las personas y en seguir el debido proceso en la aplicación de la obligatoriedad de la inmunización.
Al justificar la obligación de vacunarse contra la Covid-19, Casa Presidencial refirió que las muertes relacionadas con esta enfermedad en Costa Rica representan la cantidad más elevada de fallecimientos en tiempos modernos ocasionados por una sola causa.
‘Que Costa Rica tenga vacunas disponibles y que haya gente que no quiera hacerlo es algo penoso que debemos seguir trabajando’, resaltó el titular de Salud.
oda/ale/cvl
