La acción, que favorecerá a más del 85 por ciento de los jubilados del gobierno de Puerto Rico, se conoció tras el organismo impuesto por Washington enviar una carta al gobernador isleño, Pedro R. Pierluisi, y a los presidentes de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, y el Senado, José Luis Dalmau Santiago.
El presidente de la JSF, David Skeel, estableció en la misiva enviada en la tarde de este jueves que renuncia a imponer en el Plan de Ajuste de Deuda (PAD) un recorte a las pensiones de los empleados públicos, asunto que deja en manos de la jueza federal Laura Taylor Swain.
En este sentido, diversos sectores entienden que este es un asunto irresuelto, ya que queda en manos de Taylor Swain una decisión final, luego de la Asamblea Legislativa advirtiera que no aprobaría ninguna emisión de nuevos bonos para los acreedores.
‘Ningún desacuerdo filosófico (existe) con las loables aspiraciones políticas del proyecto de ley’, que se opone a nuevas reducciones de pensiones y que reclama una aportación a la estrangulada estatal Universidad de Puerto Rico (UPR).
Al dar este paso, Skeel sostuvo que el organismo que controla las finanzas del gobierno de Puerto Rico no desea recortar las pensiones y que ya ha acordado revisiones del plan de ajuste fiscal que eliminarían cualquier reducción en ese ámbito.
Advirtió, no obstante, que el lenguaje del Proyecto de Ley 1003 ‘va mucho más allá de la simple eliminación de los modestos recortes de pensiones restantes y, al hacerlo, aumenta el riesgo de que el plan no sea confirmable ni asequible en última instancia’.
La JSF reconoció que el gobernador Pierluisi y la Asamblea Legislativa ‘han dejado claro que quieren asumir ese riesgo’, por lo que aceptar sus deseos como funcionarios electos de Puerto Rico sin dejar de cumplir con sus sus deberes bajo la legislación Promesa.
‘Cuando la Legislatura y el Gobernador promulguen legislación aceptable, la Junta de Supervisión enmendará el plan para eliminar los recortes a las pensiones acumuladas de los empleados públicos jubilados y empleados actuales del Estado’, adelantó Skeel.
Aclaró que el proyecto de ley debe ser revisado significativamente porque pone a la comunidad bajo una carga financiera insostenible y, por tanto, hace que el Plan de Ajuste Fiscal no sea factible y confirmable.
Puerto Rico se encuentra en bancarrota fiscal desde 2016, luego de que no fuera capaz de asumir la deuda de 73 mil millones de dólares contraída por el gobierno central y sus corporaciones públicas.
La JSF se ha negado, sin embargo, a que se haga una auditoría para determinar cuánto de la deuda se emitió de forma ilegal en contubernio con las casas emisoras que conocían de la insuficiencia fiscal de esta isla del Caribe, colonia de Estados Unidos desde hace 123 años.
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