El elemento de tranque está en el lenguaje ajustado durante una segunda ronda, después de la aprobación en la Cámara de Representantes, que amenaza las pensiones de los jubilados, de los maestros y policías.
Igualmente se fractura la continuidad de la estatal Universidad de Puerto Rico (UPR), cuyos estudiantes en los 11 recintos mantienen rondas de protestas de 24 y 48 horas ante el menguado presupuesto que se le asignará.
Además se lesionan los derechos de empleados públicos, como los docentes del sistema de educación y de algunas corporaciones estatales, junto a colocar a Puerto Rico en una eventual bancarrota, igual a la que enfrenta desde 2016.
‘Vayan al tribunal celestial si quieren’, advirtió la senadora independentista María de Lourdes Santiago ante la amenaza vertida por la JSF en carta dirigida al liderazgo de la Legislatura puertorriqueña.
Santiago, vicepresidenta del socialdemócrata Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), advirtió que la lucha del pueblo no se detiene y el reclamo tiene que ser ‘la desaparición’ del organismo fiscal impuesto por Estados Unidos.
La jueza federal Laura Taylor Swain, que atiende la quiebra fiscal de Puerto Rico, citó para el lunes al gobernador Pedro R. Pierluisi, a los respectivos presidentes de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, y el Senado, José Luis Dalmau Santiago, así como a los miembros de la JSF.
En este sentido, no esperó a que se sometiera una moción por parte de la Junta, cuyo ultimátum concluía a las 14:00 horas de este viernes, ni tampoco a que el martes próximo se reanudaran las sesiones de Cámara y Senado.
El parlamentario Rafael Bernabe, del ecléctico Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), había anticipado que si la Legislatura no aprueba esta medida, la jueza Taylor Swain ‘no podrá considerar el plan’.
Ante esta realidad, agregó Bernabe, ‘el proceso de quiebra tendrá que continuar, que es otra manera de decir que la búsqueda de otro acuerdo tendrá que seguir’.
Acusó al organismo de repetir mentiras sobre el Plan de Ajuste Fiscal, en el sentido de que reduce la deuda de 33 mil millones de dólares a siete mil millones.
‘Esto es falso, pues no cuenta los siete mil millones que hay que pagar al emitir nuevos bonos, los más de tres mil millones que se pagarán en los próximos cinco años y los instrumentos de valor contingente por más de tres mil millones’, apuntó.
El vicepresidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Ramón Ruiz, reconoció que hay seis senadores del Partido Popular Democrático (PPD), que se oponen al Plan de Ajuste de Deuda porque al final la Junta procederá por la libre.
En cuanto al anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), solo un senador, Carmelo Ríos, ha comprometido su voto a favor del Proyecto de la Cámara 1003, tal como ha quedado, que permite a la JSF maniobrar a su antojo.
El conservador Proyecto Dignidad ha asumido una postura en contra de la medida.
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