Los demandantes partieron el lunes pasado de la ciudad de Caracollo, departamento de Oruro, y está previsto arriben este lunes a La Paz tras caminar alrededor de 188 kilómetros.
La comitiva de hombres y mujeres llegó la víspera a la ciudad de El Alto y recibió ayuda humanitaria del viceministro de Seguridad Ciudadana Roberto Ríos, así como atención médica por parte del personal del Ministerio de Salud y Deportes, informó el periódico El Pueblo.
El sábado las víctimas y familiares presentaron al Gobierno un documento con 22 demandas que deberán ser respondidas en audiencia por el presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce, o de lo contrario, amenazaron con iniciar una huelga de hambre.
Entre las exigencias pidieron a las autoridades iniciar juicios penales contra el equipo de gobierno encabezado por la golpista Jeanine Áñez que aprobó el Decreto 4078, conocido como el ‘Decreto de la muerte’, que liberó de responsabilidades penales a policías y militares participantes en operativos.
Otras demandas estás referidas a seguir ese mismo procedimiento contra los comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía, los que formaron parte del plan operativo contra el pueblo y los torturadores en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y en las cárceles.
También pidieron someter a la justicia a los médicos que brindaron un trato inhumano y degradante a los lesionados que buscaron atención sanitaria en los hospitales de El Alto y de Sacaba, municipio de Cochabamba, y mayor cobertura periodística a los afectados, no así a los culpables de esos actos.
Las víctimas arremetieron también contra los grupos políticos de oposición, la jerarquía de la iglesia católica, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia y la expresidente de la Asamblea de Derechos Humanos por encubrir a los autores del Decreto 4078.
En declaraciones a la televisora Bolivia TV, el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales César Siles explicó que las solicitudes de los demandantes son atendidas en tres ejes: la reforma judicial, los censos de procesos y de víctimas, y la ampliación de las investigaciones.
Apuntó que a partir de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) deberán ser atendidas todas las víctimas por las graves violaciones en las semanas previas del golpe de Estado y una vez en el poder el gobierno de facto.
Al comentar sobre la acusación contra Áñez, en la actualidad en prisión preventiva, dijo Siles que está en la comisión Mixta de Justicia Plural, referida solo a las víctimas de Sacaba y Senkata, y será incluida ahora una propuesta por torturas y persecución.
El informe del GIEI determinó que por lo menos 37 personas perdieron la vida y centenares sufrieron graves lesiones durante el golpe de Estado, que sacó del poder al entonces presidente Evo Morales, virtual ganador de las elecciones de 2019.
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