El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Juan Vilca, comunicó que si bien desde hace un par de semanas se inició la socialización de la normativa de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, el trabajo continúa para aclarar las interrogantes.
‘Nos hemos acercado a los sectores sociales que no están de acuerdo con la ley por esa desinformación generada desde la oposición y nos pidieron que bajemos a los departamentos para que conozcan el espíritu de la norma que no afecta al sector informal, sino a quienes se enriquecen de forma ilícita’, explicó Vilca.
A mediados de octubre el Ejecutivo comunicó la retirada de la Asamblea Legislativa Plurinacional del Proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas para ‘no dar lugar a confrontaciones entre bolivianos y, menos, a desestabilización’, según comunicó la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.
Sin embargo, movimientos gremiales, transportistas, cooperativistas y cívicos continúan los llamados a realizar paros en busca de la derogación de la ley, que está vigente y es considerada por esos sectores como la norma madre del proyecto anulado.
Recientemente el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, explicó que la referida legislación no afecta a ninguno de los sectores que actualmente se movilizan, que son los gremiales, transportistas y mineros.
Precisó que están siendo utilizados por dirigentes que no representan los intereses de estos sectores, sino los de una corriente política golpista que está buscando desestabilizar al Gobierno del presidente Luis Arce, apuntó.
Silva refirió que tal normativa posiblemente afecte a quienes se dedican al narcotráfico, a la trata y tráfico de personas, falsificación de dinero, corrupción, contrabando, entre otras actividades ilícitas.
La Ley 1386, comentó, fue tratada en abril en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ‘han pasado seis meses y nos preguntamos dónde estaban los senadores y los diputados de la oposición para denunciar que esta ley es atentatoria contra los gremiales, contra los transportistas o mineros’, cuestionó.
Según el ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, se estiman en 112 millones de dólares las pérdidas ocasionadas al país por un día de paro, puesto que el cese de las actividades económicas de ciertos sectores afecta más de una cadena productiva.
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