Esta semana el mandatario decidió prorrogar por otros 15 días la emergencia y el despliegue de más de dos mil militares en cuatro provincias del Biobío y La Araucanía, donde comunidades indígenas demandan la devolución de sus tierras ancestrales.
El Gobierno justificó la medida con el argumento de combatir el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo, pero políticos de oposición llamaron a las autoridades a separar las legítimas reivindicaciones de los pueblos originarios de las acciones de grupos criminales.
‘En la historia actual, moderna, hablar de campañas militares o presencia militar para buscar una solución que ya todos sabemos es de carácter político, es una muy mala señal y no contribuye a solucionar el problema en la zona’, declaró Adolfo Millabur, del grupo mapuche en la Convención Constitucional.
Citado por el diario de la Universidad de Chile, Millabur expresó su total desacuerdo con la medida adoptada por el ejecutivo, el cual –dijo- va a quedar en la historia por ‘reproducir la época oscura que ha tenido el Estado chileno con los pueblos originarios’.
La comunidad mapuche es la mayor etnia autóctona de Chile, con un millón 700 mil habitantes, y mantiene una lucha permanente por lograr la autonomía y la recuperación de terrenos, despojados por hacendados y empresarios forestales.
‘El gobierno no tiene voluntad política, no ha querido profundizar en temas de fondo, que tienen que ver con la reivindicación territorial, con los derechos del pueblo mapuche’, escribió en su cuenta de Twitter la diputada indígena Emilia Nuyado.
La legisladora denunció la incapacidad del ejecutivo para ejecutar el presupuesto de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, con el fin de entregar tierras a las comunidades.
‘Aquí, mientras no se adopten cambios profundos, como la restitución de las tierras mapuche, es muy difícil que se llegue a la paz’, declaró Nuyado, y advirtió que la militarización de La Araucanía solo va a empeorar la situación en la región.
Jefes de esa comunidad presentaron un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra el presidente Piñera por imponer el estado de excepción en la zona sur.
Según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, vigente aquí, cuando se adopte una medida que afecte a los pueblos originarios se debe realizar un proceso de consulta previo.
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