El primer decreto asumido tras la llegada al poder del representante del Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN) Daniel Ortega en 2007 fue, precisamente, la restitución de los derechos constitucionales con el acceso a una salud y educación gratuitas y universales.
Durante 16 años de gobiernos neoliberales, periodo que inició con la victoria electoral de Violeta Barrios de Chamorro en 1990, el país aplicó el denominado Consenso de Washington, acuñado por el economista John Williamson y referido a un paquete de 10 fórmulas destinadas a las naciones en desarrollo.
¿Qué significaba en la práctica? Las medidas consignadas además a territorios azotados por la crisis financiera y recibidas con beneplácito por la derecha nicaragüense, comprendían la privatización de los servicios públicos y la supresión de las garantías conquistadas desde 1979 tras la Revolución Sandinista.
El FSLN busca en los comicios del venidero 7 de noviembre la reelección del binomio conformado por el presidente Ortega y la vicemandataria Rosario Murillo, para continuar con proyectos sociales como la campaña de vacunación contra la Covid-19 que incluye, entre otras, las fórmulas cubanas Abdala, Soberana y Soberana 2.
Sumado a ello, la Asamblea Nacional aprobó la ampliación del Presupuesto General de la República 2021 con un monto aproximado de 20 millones de dólares consagrado a la creación del Fondo para la Adquisición de vacunas e insumos necesarios frente a la pandemia.
Actualmente, en el sector de la salud, la nación centroamericana edifica ocho hospitales, renueva 15 unidades sanitarias y refuerza su Plan Parto Humanizado con la captación temprana de más de 111 mil embarazadas y la garantía de atenciones prenatales, post parto, pruebas de VIH y planificación familiar.
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