Esta última acción daría curso legal a la devolución de los indocumentados sin tener en cuenta ni siquiera sus peticiones de asilo, acción condenada por la comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos.
El viceministro polaco de Defensa, Marcin Ociepa, defendió en esta jornada la primera idea cuyo costo de ejecución ronda los 350 millones de euros.
En tanto una ley aprobada por el presidente, Andrzej Duda, valida la construcción de un muro de tres metros de altura y un sistema de vigilancia electrónica en la zona limítrofe con Belarús, cuya función sería “enviar un mensaje al mundo de que la frontera polaca es segura”, según Ociepa.
El gobierno de Duda recibió acusaciones, incluso desde la Unión Europea, por expulsar ilegalmente a migrantes, mientras un reportaje de la cadena nacional TVN24 mostró cómo miembros de la Guardia Fronteriza interceptaban a un grupo de indocumentados.
En ese contexto 183 municipios polacos colindantes con Belarús están en estado de emergencia desde el pasado 2 de septiembre, acción condenada por el presidente Alexandr Lukashenko, quien manifestó que su país reaccionará con dureza a los intentos occidentales de acercar tropas a las fronteras.
Lukashenko consideró que el ejecutivo polaco usa como pretexto a la inmigración ilegal para emplazar a sus efectivos más cerca de las zonas limítrofes, las cuales -advirtió- son también fronteras del Estado de la Unión entre Rusia y Belarús.
Aquí vamos a responder con dureza, subrayó Lukashenko ante lo que consideró como una provocación desde Varsovia, según reportó la agencia de noticias Sputnik.
Medios de prensa polacos dieron cuenta días atrás del envío de dos mil 500 efectivos y carros de combate Leopard, de fabricación alemana, a la zona limítrofe bajo el pretexto de «ayudar a los guardias a proteger la zona de los inmigrantes ilegales».
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