Alcón afirmó que procederán con acciones legales porque además del perjuicio a los medios, durante el régimen de facto se privó del derecho a la información ciudadana y también existen otros elementos del caso que pueden presentar, según publicó Bolivia TV.
Antes también denunció que tras la toma violenta de medios estatales y suspensión arbitraria de transmisiones la gestión de Áñez generó un perjuicio económico millonarios al Estado entre noviembre de 2019 y octubre de 2020.
La funcionaria mencionó que en el caso de Bolivia TV la situación (golpe de Estado) generó la suspensión forzada de emisión y no fue garantizada la continuidad operacional de los equipos.
También la radio Patria Nueva tuvo un daño económico por afectaciones en la señal en repetidoras y equipos, y al Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios no se le garantizó la continuidad de operaciones por ataques, desmantelamiento y desinstalación de emisoras.
Además, el manejo irregular de medios estatales durante el régimen de Áñez afectó el derecho a la información de 5,7 millones de personas en pandemia, reportó el diario Ahora el Pueblo.
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