A esa gestión para conocer la totalidad de los documentos del procesado coronel retirado Armando Méndez por crímenes de lesa humanidad, la respuesta del titular de la cartera, Javier García, fue mantenerlos en reservas por 15 años.
En declaraciones a la prensa, García justificó su decisión en que se trató de “un tema comercial de hace 40 años”, pero el semanario Brecha reveló que allí se describen también turbios negociados en los que participaron empresarios actuales del gremio de industriales que quedaron en la impunidad.
De inmediato el integrante de la asociación de familiares de 197 víctimas, Nilo Patiño, denunció que se trata de ocultar hechos y nombres, lo que implica una censura y un ocultamiento.
El diputado frenteamplista Gerardo Núñez consideró la decisión desacertada e inoportuna y pidió al Ministerio de Defensa su fundamento, y a la Unidad de Análisis de la Información Pública (UAIP) de Presidencia saber cuál fue su intervención en este proceso. Por su parte el jurista Iván Luzardo aclaró que la ley de acceso a la información pública impide a la UAIP declarar la confidencialidad de documentos referidos a violaciones de los derechos humanos.
Núñez adelantó que a falta de respuestas convincentes por parte de los organismos citados, se procederá a convocar a sus autoridades al Parlamento ante «posibles abusos de autoridad en detrimento de esclarecer diferentes hechos desde el punto de vista histórico, judicial, de la memoria o la verdad”.
En el debate abierto en la semana, el presidente de la nación, Luis Lacalle Pou, tomó partido por su ministro, al tiempo que se reunirá con un grupo de personas que reclama por la excarcelación de militares, policías y civiles condenados por graves violaciones de derechos humanos bajo la pasada dictadura.
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