El exgobernador en la época presidencial de Enrique Peña Nieto fue detenido en octubre de 2019 en Estados Unidos después de atribuírsele la malversación de 50 millones de dólares en uno de los numerosos cargos por delitos semejantes que enfrenta.
La jueza Lauren Louis del estado de Florida estableció que existe causa probable para creer que Duarte cometió los delitos imputados en la denuncia de extradición durante su período de gobierno en Chihuahua de 2010 a 2016.
Esa orden de la jueza tardó 10 meses después de que dio a conocer que analizaría las evidencias presentadas por la parte acusatoria y la defensa, para establecer si era extraditable.
Según la resolución se ordena que todas las pruebas tomadas ante el infrascrito sean remitida sin demora por el Secretario del Tribunal al Secretario de Estado, Departamento de Estado para que se emita una orden a petición de las autoridades competentes de México, para la entrega del demandado.
Añade que el demandado sea puesto bajo la custodia del alguacil de los Estados Unidos para este distrito, sea retenido en el Centro Federal de Detención, Miami, Florida, o en otra instalación adecuada, hasta que el Secretario de Estado disponga definitivamente de este asunto y entregue al demandado a los agentes designados del gobierno de México.
La jueza estableció en siete puntos las conclusiones de la corte y son los siguientes:
El funcionario judicial que suscribe está autorizado a celebrar una audiencia de extradición; el Tribunal tiene jurisdicción personal sobre el acusado y jurisdicción de materia sobre el caso; existe actualmente un tratado de extradición vigente entre los Estados Unidos de América y México.
Agrega que el demandado está acusado en el estado solicitante de los delitos penales de conspiración y malversación de fondos gubernamentales los cuales son delitos extraditables.
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