Añadió que expondría al país a ser cuestionado por el incumplimiento de su deber internacional para con la humanidad, de prevenir la repetición de aquellos horrores padecidos durante los años de la dictadura cívico-militar, entre 1973 y 1985.
La publicación criticó las sucesivas iniciativas del líder del CA, senador Guido Manini, de restablecer la Ley de Caducidad que deja impunes delitos de lesa humanidad como si fueran ordinarios prescriptibles y ahora liberar a exmilitares condenados.
“Manifiesta la intención de beneficiar a torturadores, homicidas y desaparecedores, pretextando la pandemia, por la vía torcida de volver ilusorias las penas y poner en riesgo los procesos penales”, subraya el prestigioso medio.
El más reciente paso en esa dirección fue la carta de un denominado Foro de Montevideo, cuya más notoria vocera, la escritora Mercedes Vigil, “muestra con menos pudor la intención de beneficiar a los torturadores”, y a quien, el presidente Luis Lacalle Pou recibió para escuchar “este reclamo nauseabundo”.
Hace dos días la Mesa Política del Frente Amplio emplazó al actual mandatario y al expresidente y líder del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti a ratificar o rectificar la afirmación aparecida en un medio de prensa en el sentido de que ellos ya habrían dado “el ok hace unos meses” para la aprobación del mencionado proyecto.
De los 40 represores sometidos a juicio o condenados por crímenes de la dictadura, 26 permanecen en un establecimiento penitenciario para ellos solos, y 14 tienen actualmente prisión domiciliaria, previo informe médico forense y el dictamen de un juez respecto a su estado de salud.
Brecha aludió a criterios juristas internacionales sobre la ineludible obligación del Estado democrático de investigar, juzgar a responsable y sin admitir en tales casos, “ni amnistía, ni indulto, ni cosa juzgada, ni prescripción y la impunidad de esos crímenes supone el incumplimiento del deber de proteger derechos fundamentales”.
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