La organización señaló que esa medida de fuerza es un claro boicot a la reactivación de la economía, impulsada por el presidente Luis Arce, según reportó Bolivia TV.
De acuerdo con ese medio, vecinos de esa urbe que salieron a desbloquear las vías en la zona de Palma Verde fueron insultados, humillados y discriminados por personas afines al Comité.
Por otro lado, la Caja Nacional de Salud en ese territorio denunció que los bloqueadores no permiten la circulación del personal sanitario ni ambulancias en algunos puntos del cerco.
Dicho organismo informó que enviaron notas sobre la situación al Comité y a la Gobernación, pero aún no recibieron respuesta.
Además, los gremiales del Plan tres mil en territorio cruceño anunciaron que realizarán un cabildo abierto con la participación de todos los sectores sociales para dar a conocer su rechazo a esas acciones.
El Comité, opuesto a la gestión de Arce, decidió mantener las movilizaciones y bloqueos en las calles, a pesar de que el pasado sábado el presidente tramitó la derogación de la ley 1386, la cual usaron como pretexto para instigar a la población bajo el argumento de que se pretendía, entre otras cosas, fiscalizar a los trabajadores.
Sin embargo, el Gobierno sostuvo que la normativa de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo apuntaba a enfrentar los movimientos ilegales de dinero de los sectores más ricos.
El domingo último, el ministro de Obras Públicas de Bolivia, Édgar Montaño, denunció que Calvo y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, planean otra agresión contra la dirección del país. Advirtió que esos opositores y otros personeros de la ultraderecha esgrimen toda clase de pretextos para desestabilizar esta nación, derrocar al Gobierno y así evitar ser investigados por su participación en el golpe de Estado contra el exmandatario Evo Morales en 2019.
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