Nuestro sector denuncia la obstaculización de actividades de agrupaciones del ramo como las brigadas de vacunación Anti-Covid-19, declaró el titular de Salud y Deportes, Jeyson Auza, citado por un boletín estatal.
La autoridad solicitó a los sectores aún movilizados tras el receso laboral emprendido el 8 de noviembre “un poco de cordura, ya que estamos en una situación de pandemia».
Nuestra población necesita atención de salud, nuestros médicos requieren desplazarse de un lugar a otro, ya no estamos para aventuras golpistas, subrayó Auza.
“No perjudiquemos a las mayorías –puntualizó- por intereses de unos pocos que quieren llevar al barranco el desarrollo económico que con tanto esfuerzo logra el Gobierno del presidente Luis Arce”.
El titular llamó a los movilizados a deponer sus actitudes, y a no favorecer a unos cuantos que buscan desestabilizar al Gobierno legalmente constituido, y ratificó que su Ministerio “seguirá en la defensa de la salud y la vida de los bolivianos”.
Por su parte, la Central Obrera Departamental de Santa Cruz rechazó el paro impulsado por el Comité Cívico de esa ciudad y su líder, el opositor Rómulo Calvo.
La organización declaró a Bolivia TV que esa medida de fuerza es un claro boicot a la reactivación de la economía, impulsada hoy por el presidente Luis Arce.
Vecinos de esa urbe –según la televisora- salieron a desbloquear las vías en la zona de Palma Verde y fueron insultados, humillados y discriminados por personas afines al Comité.
Por otro lado, la Caja Nacional de Salud en ese territorio denunció que los bloqueadores no permiten la circulación del personal sanitario ni ambulancias en algunos puntos del cerco.
Grupos de gremiales en territorio cruceño anunciaron que realizarán un cabildo abierto con la participación de todos los sectores sociales para difundir su rechazo a esas acciones.
Dirigentes del Comité cruceño decidieron mantener las movilizaciones y bloqueos, pese a la derogación este martes de la Ley 1386, de Estrategia Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, que usó como pretexto para instigar a la población bajo el argumento de que pretende fiscalizar a los trabajadores.
El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, denunció que Calvo y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, planean otra agresión contra la dirección del país.
Medios bolivianos reportaron que algunos sectores movilizados mantienen sus medidas de presión en regiones como Santa Cruz y Chuquisaca, pese a que fue abrogada la Ley 1386.
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