La mayoría oficialista y casi todos los curules de oposición avalaron esta reforma al Código Penal, que el gobernante partido Nuevas Ideas achacó al plan de seguridad Control Territorial.
Según la propuesta, el delito de provisión de armas, municiones, explosivos y artículos similares para el crimen organizado pasará de un rango de cinco a 16 años de prisión, a penas de 10 y 30 años de cárcel.
A su vez, el delito del empleo, almacenaje, conservación de una o más minas antipersonales alcanzará penas de hasta 20 años de cárcel, el doble que lo estipulado actualmente.
“Esta reforma simplemente busca ser una herramienta más para la eficacia del Plan Control Territorial. Creo que nadie se opone a proteger la vida”, declaró Marcela Pineda, diputada de Nuevas Ideas.
Esta reforma fue solicitada en julio pasado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, con el argumento de que un 80 por ciento de los homicidios son cometidos con armas de fuego.
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