«Hoy se cumplen dos años del inicio del último gran estallido social. Hoy hace dos años perdimos el miedo y llenamos las calles de rabia digna. La fuerza pública enfundó sus armas contra quienes ejercían su derecho legítimo a la protesta social, por ellos seguimos exigiendo justicia», expresó la concejala de Bogotá Heidy Sánchez.
El 21N, como se le denomina a estas jornadas de protestas multitudinarias, comenzó con la convocatoria a un paro nacional contra el conjunto de iniciativas gubernamentales tendientes a profundizar el neoliberalismo.
Las demandas iniciales pedían el retiro del Proyecto de Ley de Reforma Tributaria en tránsito en el Congreso, la derogatoria inmediata del Decreto por el cual se crea el Holding Financiero, la Derogatoria de la Circular sobre estabilidad laboral reforzada, entre otras.
Desde el primer día, la movilización generó la presencia de múltiples sectores sociales con una enorme diversidad de exigencias, no todas contempladas en las peticiones propuestas en la convocatoria.
En tal sentido, el pliego que el Comité Nacional de Paro presentó al presidente Duque el 26 de noviembre, tras varios días de masivas movilizaciones, incluyó exigencias adicionales como la eliminación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), depuración de la policía, y definición de políticas ambientales.
También exige un trámite inmediato en el Congreso de proyectos de ley anticorrupción, cumplimiento inmediato de los acuerdos firmados con estudiantes, indígenas, campesinos, maestros y otros sectores sociales.
Este estallido, además de iniciarse en esta capital, tuvo dimensiones regionales y sectoriales por lo que diversos pueblos originarios se unieron al paro, convocados por la Organización Nacional Indígena de Colombia, o por sus autoridades propias a lo largo del país.
Sus demandas centrales fueron el freno al asesinato de indígenas, el cumplimiento de los acuerdos con las comunidades y del capítulo étnico del Acuerdo de Paz.
Denunciaron también el desplazamiento de algunas comunidades originarias, exigieron la protección del agua y la biodiversidad, y con esto denunciaron la afectación de sus territorios por el modelo de desarrollo extractivista.
El pueblo afrocolombiano realizó igualmente grandes movilizaciones en varias ciudades que exigieron el cumplimiento de acuerdos de los paros cívicos de Buenaventura y Quibdó mientras denunciaron el asesinato de líderes políticos y sociales.
La violencia policial contra las manifestaciones provocó varias muertes, entre ellas la del estudiante de bachillerato Dilan Cruz, de 18 años, impactado en su cabeza por un proyectil disparado por el Esmad.
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