Vicent señaló que el acceso a la justicia es un derecho fundamental a disposición de los litigantes y los magistrados ‘no tienen derecho a convocar a una huelga indefinida’, aseguró en una serie de mensajes en la red social Twitter.
‘La denegación de la justicia no le hace justicia al Poder Judicial’, dijo el funcionario y concluyó que toda la situación es una violación de los derechos fundamentales.
Desde el 15 de febrero, las cuatro asociaciones de jueces del país caribeño acordaron un paro laboral indefinido para forzar al mandatario Jovenel Moïse a respetar la Constitución.
Las instancias piden que el jefe de Estado retire los decretos por los cuales jubiló a tres magistrados y los sustituyó, ‘al margen de las leyes’, aseguraron, al tiempo que calificaron de ilegal la detención de juez Yvickel Dabrésil, y su acusación de conspiración contra la seguridad interna. Sin embargo, el canciller Claude Joseph estimó que el despido de los magistrados se basó en el artículo cinco de la ley sobre el funcionamiento del Poder Judicial ‘que prohíbe a los jueces cualquier manifestación política partidista’.
‘Cuando un juez o jueces se autoproclaman presidente, es un enfoque que obstaculiza la libertad o al menos la independencia de la justicia. La decisión de enviar jueces retirados es un paso destinado a restaurar la independencia del poder judicial’, dijo el ministro de Relaciones Internacionales y Culto.
El responsable de la cartera de Justicia también apoya esta postura y señaló este lunes que la figura del juez existe para hacer justicia ‘y el Estado paga por ellos’.
Reiteró que estos profesionales no deben entrar en el juego de la política y han de trabajar ‘para que los inocentes no se pudran en la cárcel’.
Los últimos dos años fueron ‘catastróficos’ para el sistema judicial haitiano en medio de la crisis política y sanitaria, además de la inseguridad y los repetidos movimientos de huelga.
La más reciente fue el paro de los fiscales que por casi dos meses tuvo un impacto negativo en el funcionamiento de los juzgados y tribunales.
La Oficina de Protección al Ciudadano, alertó en varias ocasiones sobre cómo afecta esta situación a los más de 10 mil 700 reos, de los cuales al menos el 75 por ciento, se encuentra bajo detención preventiva prologada.
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