A pesar de los llamamientos al diálogo, realizados la víspera por el primer ministro Jean Castex, las primeras medidas fueron encaminadas a reforzar el despliegue policial, con 50 agentes del Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional (GIGN) y 200 policías, con lo que los efectivos desplegados ya suman dos mil 250.
Darmanin advirtió que el restablecimiento del orden público es el «requisito previo a cualquier debate», que “la respuesta del Estado es firme”, y contabilizó en las últimas horas “más de 90 detenciones” y más 60 personas enviadas a prisión, según declaró en France Inter.
Las protestas, que comenzaron el 15 de noviembre, tienen su origen en las críticas a la gestión de la crisis sanitaria, que París está llevando a cabo en la isla, y en la explosiva situación socioeconómica de sus habitantes, con un tercio de la población en la pobreza y casi un 20 por ciento de desempleo.
Varios sindicatos señalaron que tras las declaraciones de Castex las cosas continúan igual, pues “no han entendido nuestra lucha”, explicó Gaby Clavier, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS-UGTG), quienes no se oponen a la vacuna, sino a la obligatoriedad de la misma, por lo que “sin duda, la movilización continuará” dijo el sindicalista.
Idéntica reacción manifestaron miembros del Servicio Departamental de Incendios y Salvamento de Guadalupe (SDIS), quienes cuentan con un 70 por ciento de sus trabajadores vacunados pero se resisten a que quienes no lo hayan hecho puedan ser sancionados.
El gobierno francés aseguró que el imperativo de la vacunación no tiene «ninguna posibilidad» de marcha atrás, si bien se recurrirá a trabajar sobre el terreno de forma pedagógica, prestando apoyo «individual y humano» a los profesionales afectados.
El colectivo de organizaciones convocantes afirmaron ayer en un comunicado no haber mantenido “ninguna reunión, ni con parlamentarios, ni con representantes electos de Guadalupe” y, en relación con las reivindicaciones que demandan, confirmaron su decisión de negociar sin intermediarios.
En cuanto a las cuestiones socioeconómicas, el ministro de Ultramar, Sébastien Lecornu, será el responsable de establecer medidas de ayuda, señaló Castex, pero para ello la prioridad “debe ser la vuelta a la calma” y el fin de la violencia, mostrada en agresiones y saqueos.
Para Lecornu, estos actos vandálicos proceden de «personas que, lamentablemente, ya son conocidas desfavorablemente por la policía o los tribunales, y que utilizan esta crisis para expresarse con violencia».
mem/acm
