El canciller, cuyo gobierno ejerce la presidencia rotativo este mes de ese organismo de Naciones Unidas, pidió a los fabricantes de armas una autorregulación de sus ventas a fin de ejercer un control real para impedir lleguen a manos del crimen organizado y se pueda disminuir el alto índice de criminalidad.
Pero, al mismo tiempo, el Gobierno tiene planteada una demanda judicial en las más altas instancias de los tribunales estadounidenses contra al menos 11 fabricantes, entre estas famosas como Smith & Wesson.
Las reaccionaron con virulencia y acusaron a México de querer imponer sus políticas de control de armas, al tiempo que solicitaron al Gobierno de Joe Biden sea desechada por la supuesta ausencia de fundamentos de que participan en actividades ilícitas.
Contrariamente a ese criterio de los fabricantes, México -el país con mayor nivel de violencia criminal en el mundo y de mayor cantidad de cárteles del crimen organizado- argumenta que esos empresarios deliberadamente facilitan la venta de armas de fuego que finalmente llegan a manos de esas bandas.
Adicionalmente, México busca una reparación económica por el daño ocasionado por esa desastrosa práctica comercial, además del compromiso de frenar el flujo ilícito de armas y asumir mayor responsabilidad en la venta y promoción comercial de sus productos que nutren la violencia en este país.
Los empresarios respondieron de forma agresiva al indicar que sus gobernantes son incapaces de controlar la violencia de los carteles dentro de sus propias fronteras, con lo cual se desentienden de sus responsabilidades de evitar que estás lleguen a manos de las mafias cuando en realidad son sus principales proveedores.
Argumentan que México no ofrece evidencia de responsabilidad directa de estas empresas con la compra y uso ilícito de sus productos, y que bajo las leyes estadounidenses este caso no tiene sustento, cuando los acusadores sí las han presentado, más allá del triste récord de decenas de miles de muertos por armas fabricadas allí.
Señalan en su defensa que estas llegan a malas manos en México no por su vía sino por las de intermediarios sin ningún vínculo con las empresas y que, en el fondo, este caso implica un choque de valores nacionales porque los demandantes se oponen al derecho de mantener y portar armas y casi ha eliminan su posesión privada.
Smith & Wesson y los otros demandados rechazan que México pueda intentar imponer sus propias políticas de control de armas sobre empresas de armas de fuego estadounidenses.
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