Las compañías urgieron que la petición sea desechada por su “ausencia de fundamento” y calificaron de imposición las aspiraciones de México de “aplicar sus políticas de control de armas en el país vecino en violación del derecho constitucional a tener y portar armas”.
El consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, Alejandro Celorio, confirmó la noticia al explicar que el conjunto de empresas expuso sus alegatos de defensa el último día habilitado para responder.
El 4 de agosto pasado México presentó la demanda civil ante el Tribunal Distrital de Estados Unidos en el estado de Massachusetts, y en esta explica que la venta de armas producidas por esas compañías llegan a manos del crimen organizado del otro lado de la frontera.
Con la demanda el gobierno de México busca reparaciones económicas por el daño y el compromiso por parte de Estados Unidos para frenar el flujo ilícito de armas.
De acuerdo con el periodista del diario mexicano La Jornada, el gobierno del país latinoamericano espera que Washington asuma “mayor responsabilidad en la venta y promoción comercial de sus productos que nutren la violencia fuera de sus límites”.
En sus primeras respuestas formales, las compañías rechazaron los esfuerzos mexicanos de culparlos de alentar la violencia de los carteles del país.
“No ofrecen ninguna evidencia de nuestra responsabilidad con la compra y uso ilícito de sus productos por terceros. Bajo las leyes estadunidenses, este caso no tiene sustento”, señalaron las compañias.
La agrupación de compañías demandadas afirmó que este caso implica un choque de valores nacionales, ya que Estados Unidos reconoce el derecho de mantener y portar armas, mientras México ha eliminado casi totalmente la posesión privada de armas.
Según las cifras del Gobierno mexicano, cada año se trafican ilegalmente más de 500 mil armas desde Estados Unidos que alimentan «el poder del fuego» de las organizaciones criminales en su territorio.
En 2019 estas armas fueron responsables de más de 17 mil homicidios dolosos en México y la pérdida del 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto de la nación, apuntó la Cancillería latinoamericana.
México presentará su réplica el 31 de enero de 2022 y, posteriormente, los fabricantes de armas podrán exponer una contrarréplica ante la Corte Federal de Massachusetts a más tardar el 28 de febrero de ese mismo año.
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