La iniciativa, respaldada por 40 integrantes del órgano encargado de redactar una nueva carta magna, plantea que el Estado deberá actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar a los responsables de todo tipo de agresión contra las féminas.
También será su responsabilidad asegurar el presupuesto suficiente para generar políticas de promoción, prevención, capacitación y formación con enfoque de género y derechos humanos.
La propuesta fue presentada ante la Asamblea Constituyente en ocasión de conmemorarse este 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las féminas.
El pasado año se registraron más de cuatro mil feminicidios en la región, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
De acuerdo con la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, la violencia que a diario afecta a las mujeres y las niñas repercute en la sociedad en su conjunto y constituye un obstáculo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz.
acl/car
