El senador del Partido Nacional Gustavo Penadés consideró difícil que se vote la propuesta proveniente de la formación asociada Cabildo Abierto antes del receso parlamentario como intentaba su líder, el general retirado Guido Manini.
Penadés reconoció que “algunos socios de la coalición todavía no terminaron de expresarse definitivamente”, en alusión a legisladores integrantes de los partidos Colorado e Independiente.
Sin embargo Manini dijo abrigar expectativas de conseguir los votos necesarios hasta el 15 de diciembre, en una comisión legislativa donde ingresó el proyecto para su eventual traslado a sesión plenaria.
Además negó que 20 militares a beneficiar cometieran delitos de lesa humanidad, pese a que fueron condenados a prisión por cometer asesinatos, torturas, desapariciones y otras graves violaciones de derechos humanos durante los años del terrorismo de Estado en Uruguay.
La iniciativa se presentó para trasladar de cárceles a reclusión domiciliaria a todos los internos que cumplan 65 años de edad, pero el diputado cabildense Eduardo Lust reconoció que era principalmente para complacer a electores militares.
El Centro de Investigaciones y Estudios Penales del Uruguay expuso ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado que dicho proyecto “supone el avasallamiento de la competencia y función del Poder Judicial como es la de impartir justicia, resolviendo los casos concretos”.
Según informó el presidente de la comisión y senador del Frente Amplio (FA), Charles Carrera en una semana se recibirá a las últimas dos delegaciones para que se pronuncien y una de ellas es de los “hijos que nacieron en cautiverio y los niños que sufrieron parte de la represión por la que sufrieron sus padres”.
El colectivo de familiares de detenidos desaparecidos junto a otras organizaciones sociales convocó a una gran marcha el próximo 9 de diciembre contra la impunidad para crímenes de la dictadura.
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