Ni vos (tu) te lo crees, así le respondió a una periodista chilena, que lo abordó en ese país horas después de conocer ayer que el juez Martín Bava lo procesó, le prohibió salir de la nación y lo embargó por medio millón de dólares. Mientras siguen las investigaciones también por su participación en el envío de armamentos a Bolivia tras el golpe de Estado al expresidente Evo Morales en 2019, a Macri se le procesa por su responsabilidad directa en las denuncias de espionaje desde los servicios de inteligencia a los familiares de los 44 oficiales del submarino ARA San Juan, desaparecido en 2017.
El exmandatario insiste que es un perseguido político, arremete contra el gobierno actual y además ha pedido a través de sus abogados que la causa, que actualmente se lleva adelante desde la localidad bonaerense de Dolores, vaya a Comodoro Py, un terreno más conocido y amigable para él.
La decisión del juez Bava no es menor. Casi más de un año después desde que la actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Camaaño, denunciara con pruebas varios hechos de espionaje durante la gestión macrista, es la primera vez que al exmandatario se le asigna responsabilidad directa.
Según la resolución del juez, «el gobierno nacional que el imputado encabezaba espió ilegítimamente a los protagonistas de una de las mayores tragedias que se vivió en su gestión. Ello se hizo, entre otras cosas, con el objetivo de anticiparle a Mauricio Macri, cuáles eran los movimientos y los reclamos que existían en ese colectivo de familiares».
La noticia se conoció un mes después de que el exmandatario finalmente, tras dos intentos, fuera interrogado en un encuentro en el cual trascendió que no respondió preguntas, presentó un escrito y pidió ser sobreseído en la causa.
De acuerdo con la justicia, los servicios de inteligencia se dedicaron a seguir, fotografiar e infiltrar a los familiares que esperaron durante meses para saber del paradero de sus seres queridos, encabezaron marchas, reclamos, estuvieron incluso día y noche frente a la Casa Rosada.
«Estas personas no reclamaban otra cosa que justicia y no buscaban más que saber qué había ocurrido con sus seres queridos. No es posible considerar que sus reclamos representaban amenazas a la seguridad interior, a la defensa nacional o a la seguridad presidencial», resaltó en el documento el juez Bava.
Los casos por presuntos seguimientos cometidos desde los servicios de inteligencia bajo la administración de Macri, abarcan a una gran cantidad de personalidades políticas, incluso varios miembros de su gestión, y salieron a la luz el pasado año tras varios documentos encontrados dentro del organismo.
En lo que respecta al espionaje de los familiares de los submarinistas, en total ahora, con el expresidente, hay 12 personas procesadas, incluidas el exjefe de la AFI, Gustavo Arribas, y la exsubdirectora Silvia Majdalani, entre otros altos mandos.
Según recuerda hoy el diario El Destape, Macri había acusado a Bava de prejuzgar y no ser imparcial aún antes de que lo procesara. La Cámara Federal de la ciudad de Mar del Plata confirmó al actual juez de Dolores al frente de la investigación en dos ocasiones, pero el exgobernante apeló y llevó el tema a la Casación Federal, en Comodoro Py.
Tras conocer la decisión judicial, Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes del ARA San Juan y uno de los abogados querellantes, apuntó a la emisora Radio 10 que hay una dicotomía entre lo que el expresidente dice públicamente y lo que está en el expediente.
«El espionaje está absolutamente demostrado, con prueba material concreta, indiscutible e irrefutable», subrayó Tagliapietra, quien estuvo día y noche a la espera de noticias e incluso viajó en la aeronave Ocean Infinity que dio con el paradero del submarino, un año después de su desaparición. De momento, entre los familiares de las víctimas hay «alivio» tras conocer que el expresidente está procesado pero aún falta mucho para lograr justicia y verdad sobre el caso.
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