El abogado de la entidad, Juan Ceretta, expresó en la televisión que desde esa época, últimos meses de gobierno del Frente Amplio, muchos menores esperan ser escolarizados o lo están en pésimas condiciones.
Los demandantes a quienes representa, argumentan que el congelamiento y la inoperancia del sistema vulneran los derechos fundamentales de esta población y hace también que muchas familias se vean imposibilitadas de brindarles una educación de calidad a sus hijos y las priva de ser incluidos en la comunidad
Aclaró que no se trata de poner a alguien para que el niño no moleste y quede quieto, sino alguien que ayude a que se integre y “a una maestra que le toca a la vez uno con una discapacidad y otro con TEA, cómo hace para trabajar si no tiene acompañantes”, acotó.
Ceretta dijo que gestiona un juicio de amparo para los próximos días con audiencia y sentencia en pos de una resolución favorable en 24 horas.
En 2015, en el primer año del último gobierno frenteamplista, el presidente de la Federación Autismo Uruguay, Andrés Pérez, estimó que entre 30 mil y 35 mil connacionales presentaban este trastorno.
A partir de ahí se trazó una política de sensibilización ciudadana y de disponibilidad de recursos para la inserción escolar y social de menores con dicho padecimiento.
Gremiales de la educación y del desarrollo social criticaron en el año en curso recortes presupuestales por el actual gobierno para reducir gastos.
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