Según explicó a la prensa la arquitecta y ambientalista Raisa Banfield, la disposición, sancionada en octubre último, viola unas 35 normas legales sobre la preservación de la flora y la fauna.
Acerca del Decreto 141 que atañe al distrito de Donoso, rico en minerales y con asentamiento de comunidades tradicionales, la integrante de la Fundación Panamá sostenible aseveró que su verdadero interés es abrirse a la comercialización de los suelos.
Ángel Coronado, residente en esa localidad caribeña, adelantó que si sus demandas no arrojan los resultados esperados, no cabe otra solución que salir a las calles.
La principal objeción es que el instrumento jurídico contraviene el derecho a la titulación de tierras y afecta a personas que llevan decenas de años asentadas en esos terrenos, sin que hayan sido reconocidas por el Estado y los organismos correspondientes.
Los demandantes acordaron presentar un pliego de demandas al presidente Laurentino Cortizo, que abarca el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y las unidades de atención de salud pública, inversión en educación y la construcción de carreteras bien pavimentadas.
También exigen ser consultados en el diseño del plan de desarrollo regional.
Los moradores de esas tierras son en gran parte familias que se dedican a la agricultura y a la protección del ecosistema, rico en biodiversidad y recursos hídricos.
Desde su promulgación, el Decreto generó controversias pues prevé un procedimiento especial para la expedición de polémicos certificados de acreditación de uso de suelo en áreas protegidas en la República de Panamá.
jha/ga
