Un proyecto de ley elaborado entre esa dependencia y la cartera de Justicia tiene como objetivo combatir un fenómeno que consiste en la inasistencia de los educandos a los centros educativos bajo el pretexto de la pandemia o por otras causas relacionadas, según un comunicado difundido aquí.
En Grecia «la educación es obligatoria» para cada alumno menor de 16 años, tanto en las guarderías como en las escuelas, y cualquier persona con responsabilidad legal sobre un menor que no controle ese proceso será castigada con una pena de prisión de hasta dos años o una multa, destaca el documento.
En septiembre, tras el comienzo del año lectivo, los padres que se opusieron a la vacunación de sus niños presentaron una demanda colectiva contra los maestros bajo cargos de violación de los derechos constitucionales de los menores.
Sus reclamos responden al uso obligatorio de los medios médicos (mascarillas o pruebas PCR) impuesto por los centros educativos.
En respuesta el Ministro de Protección Ciudadana respaldó a los docentes que hacen valer la ley y ratificó como ineludible el uso de los recursos de protección.
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