En un comunicado de prensa, Bussco afirma que el objetivo de esa iniciativa es realizar una profunda reforma del Estado, de carácter regresiva y antidemocrática, orientada a desmantelar el Estado Social.
Sostiene que ese proyecto, en todas sus versiones, ha mantenido la intención de violentar la separación constitucional de los poderes del Estado.
Eliminar las autonomías constitucionalmente otorgadas a las universidades, a la Caja Costarricense de Seguro Social y el régimen municipal.
Asimismo, prosigue, promueve la injerencia y el manoseo político del Poder Ejecutivo en la gestión del recurso humano del sector público, por el partido político de turno.
Denuncia el oportunismo de los candidatos presidenciales de los partidos Liberación Nacional -José María Figueres- y Unidad Social Cristiana -Lineth Saborío-, quienes presionaron por la aprobación en primer debate de esta propuesta legal, que esa central sindical afirma no ordena, ni garantiza mayor eficacia del aparato estatal.
Ante las elecciones generales de febrero venidero, Bussco alerta a la población laboral del sector público a no dejarse engañar por los llamados al voto de los partidos que apoyan este proyecto, al tiempo que insta a prepararse para las acciones de movilización y lucha para impedir su sanción en segundo y definitivo debate.
Tras responsabilizar a los partidos políticos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Acción Ciudadana, Nueva República y Restauración Nacional de las consecuencias de aprobar en primer debate este proyecto, Bussco exige hacer las consultas de constitucionalidad respectivas que demostrarán las graves irregularidades del proyecto.
Asegura que el proyecto legal de Empleo Público constituye un literal «golpe de estado blando», impulsado por el gobierno del Partido Acción Ciudadana con el apoyo del PLN, PUSC y los neopentecostales Nueva República y Restauración Nacional.
Califica la iniciativa legal de la más grande contrarreforma laboral; un grave retroceso en materia de estabilidad y condiciones de los trabajadores públicos, subordinando a las instituciones a las imposiciones del presidente.
Añade que el carácter antilaboral del proyecto está en las restricciones antojadizas a la negociación colectiva -incluso atropellando los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo- y la facilitación del despido para favorecer la corrupción y la impunidad. «Las fuerzas más oscurantistas conspiraron y maniobraron para promover este nefasto proyecto, que en conjunto con el acuerdo con el FMI, representan el ‘tiro de gracia’ a nuestro Estado Social», subraya Bussco.
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