Dicha administración vulnera de manera selectiva los derechos humanos de los obreros, afirmó el CNP en una proclama.
«La búsqueda permanente por comprender los factores que configuran la violencia hacia el movimiento sindical, social y popular requiere del papel determinante de la clase trabajadora para denunciar y detener el genocidio social y político a la que está siendo sometida”, recalcó.
Por lo tanto, añadió, es necesario levantar las banderas de lucha por la vida y la paz, en contra de un modelo económico y político que oprime al pueblo colombiano.
Además, urge reconocer la lucha y la resistencia desarrollada por los sindicatos, organizaciones sociales y populares, campesinos, indígenas, muchos de ellos representados en el CNP, durante los últimos años, confrontado los discursos y las prácticas de violación permanente de los derechos humanos, subrayó.
Reconoció las acciones de jóvenes, artistas, profesionales y académicos quienes han aportado elementos importantes para la acción y reflexión en el contexto del estallido social desde distintas expresiones barriales, sociales y jurídicas, algunas de ellas expresadas en las llamadas primeras líneas.
«Hoy, en tiempos de violencia física, simbólica y estructural hacia las centrales obreras, sindicatos, organizaciones y defensoras y defensores de los derechos humanos, nos asumimos como sujetos históricos que a través de nuestras prácticas de lucha y de resistencia», enfatizó.
El CNP ratificó el ejercicio de lucha y de resistencia en todas las regiones del país, los sindicatos, las organizaciones sociales y populares, para defender y exigir los derechos humanos desde perspectivas críticas, democráticas y de cambios políticos.
Para el CNP, al asumirnos como defensores de los derechos humanos establece que la crisis social y económica en la que se encuentra Colombia, surge a partir de una serie de contrarreformas ocasionadas por la globalización neoliberal, a escala nacional e internacional que vulneró de forma selectiva los derechos humanos de las poblaciones».
La entidad responsabilizó a los distintos gobiernos neoliberales del país de incumplir la Constitución y de las violaciones de los derechos humanos, en especial en estos últimos 30 años tales como los asesinatos ocasionados por las fuerzas militares. Todo eso además de las violaciones, desapariciones, mutilaciones oculares, procesos extrajudiciales en el marco del paro nacional, masacres, exterminio selectivo de defensores de derechos humanos, líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz, detenciones y allanamientos arbitrarios contra jóvenes, concluye el texto.
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