Un nuevo informe de La Oficina de Derechos Humanos de la ONU (Acnudh), documenta varios casos de uso innecesario de la fuerza por parte de los agentes de policía durante las protestas que comenzaron el 28 de abril y continuaron durante varias semanas.
Las movilizaciones formaban parte de una huelga nacional contra las desigualdades económicas y sociales que sacuden el país desde hace décadas, muchas de las cuales se agravaron con la llegada de la Covid-19.
Entre el 28 de abril y el 31 de julio, la Acnudh en Colombia recibió más de 60 denuncias de muertes en el contexto de las protestas.
Hasta el momento, se verificó el deceso de 46 personas (44 civiles y dos policías), y se confirmó que el 76 por ciento de las muertes ocurrieron por heridas de armas de fuego.
La oficina realizó más de 620 entrevistas con víctimas y testigos de las protestas, y examinó 83 vídeos, entre ellos grabaciones de teléfonos móviles.
El personal también sostuvo más de 870 reuniones con funcionarios del gobierno, representantes de la sociedad civil y manifestantes.
Tras este análisis, la ONU afirmó que la policía fue responsable de al menos 28 de las muertes y que miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional estuvieron implicados en al menos 10. Según el informe, los agentes no estatales mataron a 10 personas, mientras que no hay información suficiente para determinar los probables autores de otras ocho muertes.
El reporte incluye unos 60 casos de violencia sexual presuntamente cometida por la policía, de las cuales se confirmaron 16.
También detalla casos de uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de agentes policiales, especialmente miembros del Esmad, para dispersar protestas y bloqueos pacíficos.
La Acnudh comprobó también que individuos armados atacaron y dispararon contra manifestantes sin que las fuerzas de seguridad intervinieran.
Todos los presuntos responsables, incluidos los funcionarios del Estado, deben ser investigados de forma rápida, independiente, imparcial y transparente, urgió la ONU.
Asimismo, el gobierno del presidente Ivan Duque debe hacer justicia y garantizar una reparación completa a las víctimas, concluyó el informe.
acl/age
