Sus abogados impugnaron la medida a través de un recurso de revisión del fallo de un juez federal, pero fue desechado el amparo por las abrumadoras evidencias de delitos que condujeron a un enriquecimiento ilícito.
Medios judiciales señalaron que el caso se turnó al Octavo Tribunal Colegiado en materia Penal, el cual admitió a trámite la apelación. El pasado 10 de noviembre, la juez Yazmín Eréndira Ruiz, titular del Juzgado 16° de Distrito en materia Penal, resolvió sobreseer la demanda ya que la promovieron de forma extemporánea.
García Luna está acusado en Estados Unidos de que entre 2001 y 2005, cuando encabezaba la Agencia Federal de Investigaciones, y de 2006 a 2012, como secretario de Seguridad Pública de México, aceptó millones de dólares en sobornos del cartel de Sinaloa a cambio de otorgar protección para sus actividades de tráfico de drogas hacia ese país. Sus abogados reclamaron la emisión de la técnica de investigación mediante la cual un juez de control del Reclusorio Norte, ordenó a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales de la Fiscalía General, el congelamiento de dichas cuentas.
Mientras tanto, en Nueva York la disputa sobre el manejo de millones de documentos y un desconocido número de testigos secretos que conforman la evidencia de los fiscales estadounidenses era el centro de otra audiencia preliminar para el eventual juicio del corrupto exsecretario de Seguridad Pública mexicano.
Fiscales admitieron se trata de un caso particularmente complejo, al señalar que el acusado fue un funcionario de rango de gabinete en México y por lo tanto requiere que las fuentes -incluyendo testigos mexicanos- y una parte del material, sean protegidos bajo normas de seguridad nacional.
César de Castro, el principal abogado de defensa de García Luna, argumentó que era sumamente difícil evaluar la evidencia pues la fiscalía ya ha compartido millones de documentos y asegura que la mayoría no hace referencia a García Luna, lo cual refuta la parte acusadora.
De Castro señaló que su cliente fue la cara del gobierno del expresidente Felipe Calderón en asuntos de inteligencia con Estados Unidos, y que se había reunido con los niveles más altos del gobierno estadounidense, incluyendo el FBI y la CIA cuando era secretario de Seguridad Pública, lo cual complica evaluar la evidencia fiscal.
La acusación tildó tales aseveraciones de amenazas veladas al hacer referencia de vínculos del reo con autoridades estadounidenses justamente en el período en que se enriquecía de forma ilícita.
Peor aún, el abogado argumentó que una demanda interpuesta por el gobierno mexicano contra García Luna y sus familiares y socios en Florida también está complicando este caso en Nueva York.
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