De acuerdo con el documento divulgado el miércoles último, la dependencia señala que entre el 28 de abril y el 31 de julio de este año recibió denuncias de 63 personas muertas durante las movilizaciones de protesta que comenzaron el 28 abril con el Paro Nacional.
El 76 por ciento de las muertes se debieron a heridas de bala y hasta el momento la Oficina de la ONU ha verificado 46 y de ellas, 44 personas eran civiles y dos eran policías.
El estudio destaca la responsabilidad del Estado de proteger los derechos humanos sin discriminación, al igual que la obligación de facilitar el ejercicio del derecho de reunión pacífica.
Según la investigación, al menos 28 de las muertes fueron obra de agentes de la policía y que 10 de ellas serían responsabilidad de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional.
Otras 10 personas habrían sido víctimas de actores no estatales y hasta el momento no se ha podido establecer quién habría matado a ocho manifestantes más por falta de datos.
El estudio da cuenta que la Policía utilizó la fuerza de manera innecesaria o desproporcionada para dispersar las manifestaciones pacíficas y los bloqueos.
Además, hubo individuos armados que atacaron a los manifestantes, a veces con armas de fuego, ante la pasividad de las fuerzas de seguridad.
Considera que todos los presuntos implicados en causar lesiones o muertes, incluyendo agentes del Estado, deben ser objeto de investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes, y por otro lado, el Estado debe garantizar también «el derecho de las víctimas a una reparación integral».
La ONU recuerda que las armas de fuego sólo deben usarse como último recurso ante una amenaza inminente a la vida o de lesiones graves.
Acota que a las muertes documentadas se suman reportes de 60 casos de violencia sexual presuntamente a manos de la policía. Hasta el momento, la ONU ha verificado 16.
El informe advierte sobre la criminalización y estigmatización de los manifestantes, a menudo a través de los medios de comunicación, a quienes se relaciona con actos vandálicos o actos de terrorismo.
Manifiesta de igual forma su preocupación por las agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas que han documentado los acontecimientos.
Insiste en que la gran mayoría de las protestas fueron pacíficas y resalta la disminución de las tensiones cuando hubo diálogo entre las autoridades y los participantes en las manifestaciones.
La ONU instó al gobierno de Colombia a cambiar su manera de lidiar con las protestas de la población para evitar más muertes y lesiones de quienes ejercen su libertad de expresión, participación y asamblea.
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