Las facciones comunitarias dinka, nuer y murle perpetraron ataques planeados y coordinados contra aldeas de Jonglei y del área administrativa del Gran Pibor entre enero y agosto de 2020, señala un nuevo informe respecto a lo ocurrido en esos territorios.
El documento lo emitieron en forma conjunta la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
‘Seis meses después del último ataque devastador en el Gran Jonglei, debe quedar claro que las figuras claves tanto a nivel local como nacional que deliberadamente alimentaron y explotaron las tensiones locales, serán responsables’, declaró la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
‘El riesgo de que estas milicias comunitarias reactiven la violencia armada es demasiado grave para ignorarlo. Es de suma importancia que el Gobierno adopte medidas eficaces para garantizar que los miembros de las fuerzas de seguridad no puedan suministrar armas de las existencias del Gobierno a esas milicias (…)’, añadió.
Asimismo, el texto de ONU deja en claro que el gobierno de Sudán del Sur debe asumir la plena responsabilidad por el daño causado a civiles.
Más de 730 personas perecieron y 320 sufrieron heridas, y al menos 39 mujeres resultaron violadas, mientras que 686 féminas y niños fueron secuestrados durante el período de ocho meses que evalúa el documento.
Además la violencia desplazó a decenas de miles de ciudadanos, destruyó bienes civiles, así como los agresores saquearon instalaciones humanitarias y robaron al menos 86 mil cabezas de ganado, por valor de más de 35 millones de dólares.
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