La Oficina de Control Interno del Ministerio Público asumió el caso hace dos días y el referido plazo implica a los fiscales adjuntos de Córdova, Luis Medina y Luis Mina.
La denuncia fue presentada por el abogado del presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas, en medio de cuestionamientos a la imparcialidad de Córdova.
La fiscal ha expresado su animadversión política contra el mandatario en mensajes por redes sociales, los cuales calificó a Castillo hasta de terrorista.
Pachas pidió la destitución de Córdova y el retiro de sus adjuntos, a quienes acusa de incurrir en falta muy grave.
Acompañó la denuncia con copias de los mensajes hostiles al mandatario, en las que se suma a la oposición de extrema derecha y su afán de vacarlo (destituirlo).
Señaló que Córdova lanzó contra Castillo calificativos como terrorista y corrupto.
En ella “no hay objetividad ni imparcialidad, hay ánimo de venganza y de condenarlo a toda costa”, acotó.
Agregó que los adjuntos Medina y Mina intentaron ingresar por la fuerza al despacho del presidente en su ausencia.
Asimismo, reportaron que Castillo se negó a darles acceso y pretendieron realizar un allanamiento sin orden judicial.
Según Pachas, Medina actuó con prepotencia y abuso y filtró a la prensa su informe sesgado contra el presidente.
Por su parte, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, señaló que Córdova no está habilitada para dirigir la investigación al mandatario y preguntó “¿Cómo una fiscal, declarada enemiga del presidente Castillo, puede investigarlo?.
La indagación está referida al presunto favorecimiento ilegal en la compra de biocombustibles por 74 millones de dólares de la empresa estatal Petroperú a una compañía privada, tras una supuesta reunión entre los titulares de ambas y el jefe Estado.
El abogado Pachas, además, prestó un hábeas corpus contra la pretensión de Córdova de forzar un allanamiento al despacho presidencial, pese a su parcialidad.
De otro lado, la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, próxima a dejar el cargo, dijo que en vez de buscar la vacancia del mandatario por incapacidad moral, una causal imprecisa, el Parlamento tiene abierta la opción de que su Comisión Permanente acoja un informe del Ministerio Público incriminatorio contra Castillo.
Esa comisión, integrada por representantes de todas las bancadas, puede acusar a Castillo por presuntos delitos o infracciones constitucionales ante el pleno, que lo suspendería para su posterior juzgamiento y lo inhabilitaría por 10 años, indicó.
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