En su argumentación legal el Fadep señaló que la eliminación de secciones a las leyes 160-2013, 106-2017 y 91-2004 dejaría al Sistema de Retiro de Maestros inoperante y, por ende, a sobre 20 mil docentes activos en el limbo al momento de su jubilación.
La JSF propone de forma arbitraria eliminar todas las secciones que garantizan continuidad de pensiones vitalicias por beneficios definidos al magisterio, equivalente al 75 por ciento de su salario luego de 30 años de servicio.
De esta forma, sostiene el Fadep, darían paso a la congelación de las pensiones futuras, lo que implicaría condenar a los docentes a la indigencia una vez jubilados.
La jueza federal Laura Taylor resolvió, sin embargo, esta situación señalando que la eliminación de secciones de leyes vigentes, requieren legislación sustitutiva que haga viable el Plan de Ajuste Fiscal, tal como lo establece la sección 314(b) de la Ley Promesa, que dio origen a la JSF, impuesta por Washington al gobierno puertorriqueño.
El Octavo Plan de Ajuste a la Deuda modificado es inconfirmable, al tomar como ejemplo el Plan de Ajuste aprobado por la ciudad estadounidense de Detroit, durante su bancarrota, que requirió ley habilitadora para dejar a los servidores públicos sin retiro.
El magisterio puertorriqueño ya ha rechazado contundentemente en tres ocasiones, mediante su voto, estas intenciones.
En junio de 2019 y en septiembre de 2021 ante el acuerdo de la Asociación de Maestros de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal
Luego, en la votación realizada por el propio tribunal federal, el “plan del tumbe” pretende despojar al pueblo de una vida digna, entregando los ahorros multimillonarios en la reserva del Fondo General, para el pago de una deuda que se niegan a auditar.
Ante este escenario, con las bases legales identificadas, el bufete del licenciado Rolando Emmanuelli a nombre de los grupos del Fadep le pide a la jueza Taylor Swain que no confirme el plan de ajuste fiscal.
oda/nrm
