En un comunicado, los denunciantes remarcaron ‘que esta metodología de unificación antes de significar un avance para la protección al liderazgo social, implica un grave retroceso en materia de las herramientas que el Estado colombiano posee para la prevención, verificación y seguimiento de las agresiones a las personas defensoras de derechos humanos’.
Ambas organizaciones consideran inoportuno subordinar la autonomía del Ministerio Público al ejecutivo de la Fiscalía General, así como la implementación del Plan de Acción Oportuna (PAO).
Ayer, recalca la nota, el presidente Iván Duque anunció la continuación del PAO, que contaría con una armonización en la metodología de recopilación y levantamiento de la información referida al asesinato de los líderes y lideresas sociales.
Asimismo, el mandatario aseguró que 2020 fue el año de menor tasa de homicidios en casi medio siglo y se llegó al 72 por ciento de esclarecimiento frente a las masacres, algo refutado y desmentido en el informe.
Debe recordarse la gestión inadecuada y dudosa de Fiscalía sobre las cifras y estadísticas referidas a las agresiones al liderazgo social. Las cifras de esclarecimiento son realmente menores a las reportadas por la institución, enfatiza el comunicado.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), solo en 2020 en Colombia ocurrieron más de 80 masacres, muchas contra líderes y lideresas sociales y luchadores por los derechos humanos.
El Gobierno de Duque, en la mayoría de los casos, desestimó el término ‘masacre’ y consideró las matanzas como asesinatos selectivos y aislados.
La propuesta del Gobierno Nacional posee la intencionalidad de mostrar menores cifras de homicidios ante la comunidad pública e internacional como sinónimo de una mejor gestión, aun cuando la violencia en los departamentos continúe recrudeciéndose, recalca la misiva.
Asimismo, enalteció el trabajo de Defensoría del Pueblo, que ‘recopila eventos de otras agresiones como amenazas, atentados y desapariciones forzadas que son igualmente ejemplo de las conductas desplegadas en contra del movimiento social y de derechos humanos’.
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