Doré subrayó que estos planes están en consonancia con la política penal del Gobierno y los actores de la cadena penal tienen la gran responsabilidad de hacer todo lo posible para satisfacer las aspiraciones de los litigantes.
Los proyectos del responsable de cartera tienen lugar tras varios años de disfuncionalidad en el poder judicial, marcado por huelgas en sus distintos niveles, y mientras la inseguridad y la pandemia de la Covid-19 paralizaron al gremio.
A mediados de este mes, Dorcé, quien asumió el cargo en noviembre en sustitución de Litz Quitel, señaló que trabajan para erradicar la detención preventiva prolongada que afecta a más del 85 por ciento de los reos.
Se estima que la mayoría de los detenidos no han tenido acceso a la justicia, y algunos de los reos pueden pasar hasta una década sin ser escuchado por un juez o contactados por un abogado.
En abril de este año, Naciones Unidas lamentó el aumento de la detención preventiva prolongada y subrayó que amenaza los cimientos del mismo estado de derecho.
También criticó el trato inhumano y degradante en las sobrepobladas cárceles del país y alentó a las autoridades a reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios.
Desde hace varios años, las prisiones de Haití operan al triple de su capacidad, en medio de las recurrentes huelgas de los empleados del sistema judicial, la inseguridad, crisis política y sanitaria.
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