A comienzos del actual año, los uniformados, de un total de 27, fueron acusados ante la Fiscalía Policial por diferentes causas administrativas al promover y generar racismo y discriminación, expresó la autoridad.
Subrayó que de ninguna manera los casos mencionados pueden considerarse como persecuciones, sino de sanciones a algunos “malos uniformados” amotinados en hechos que “nunca más” puedan suceder en el Estado Plurinacional.
Entre las bajas definitivas están las del mayor Daniel Gualberto Capriles, acusado por instigar el levantamiento de hace dos años, junto al grupo para estatal Resistencia Juvenil Cochala, señaló el funcionario en declaraciones publicadas por la Agencia Boliviana de Información.
También fue destituido el capitán José Vargas, sobre el que existen evidencias documentales por su participación protagónica en la ruptura constitucional, declaró el viceministro de Régimen Interior Nelson Cox.
Como parte del proceso investigativo, la fiscalía envió a prisión preventiva al excomandante de la Policía Rodolfo Montero, acusado por los delitos de genocidio, homicidio, lesiones graves y leves durante la masacre de Senkata, en La Paz.
La brutalidad del Ejército y la Policía en este hecho de noviembre de 2019, junto al de Sacaba, en Cochabamba, dejó como saldo 27 muertos y cientos de heridos, de acuerdo con datos de organizaciones de los derechos humanos.
Por su participación en el golpe de Estado que llevó al poder a Jeanine Áñez, otro grupo de exjefes militares guardan prisión preventiva como el exjefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas general Pablo Arturo Guerra y el excomandante del Ejército Iván Patricio Inchauste, entre otros.
Una investigación de ocho meses del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes determinó que durante la asonada golpista fallecieron 38 personas y decenas resultaron heridas por la represión de policías y militares.
El documento indicó, además, que en el período de octubre a noviembre de 2019 los uniformados y algunos civiles cometieron actos de violencia contra 58 periodistas y 14 medios de prensa.
La represión obligó también al exilio a cientos de personas y más de mil 500 resultaron detenidas.
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