De esa manera el INE aparentemente abandona su beligerancia contra el gobierno y se pliega al mandato constitucional de celebrar la consulta popular que, a partir de este año, será obligatorio para todas las administraciones que se sucedan después del que termina en 2024 Andrés Manuel López Obrador.
En sesión extraordinaria de fin de año, los consejeros electorales aclararon que el mandato detalla que las adecuaciones del INE no deben afectar sus estatutos en materia laboral; es decir, afectar los sueldos y prestaciones de los propios consejeros y funcionarios del instituto, que es lo que más les interesa pues ganan más que el presidente de la República.
Lo más importante es que el INE queda sin facultades para aplazar la revocación de mandato y se trunca un camino presuntamente legal contra el gobierno que fue impulsado por los partidos de oposición, principalmente el de Acción Nacional y el Revolucionario Institucional, señalaron los dirigentes del oficialista Morena.
Ayer el presidente López Obrador advirtió que fuera como fuera y adoptara el INE o el Tribunal la posición que desearan, el plebiscito iba y se quedaría para toda la vida como un mandato constitucional de obligatorio cumplimiento.
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