Según el proyecto, jueces, magistrados y empleados que hayan aceptado sobornos o cometido faltas administrativas graves, tendrán la obligación de restituir los beneficios obtenidos, además, pagar una indemnización si se provocaron daños y perjuicios a la hacienda pública.
El servidor público estará obligado a reparar la totalidad de los daños y perjuicios causados y las personas que, en su caso, también hayan obtenido un beneficio indebido, serán solidariamente responsables.
La propuesta de reforma del presidente López Obrador incluye también sanciones para las personas públicas e incluso para las empresas que se hubieran beneficiado con actos de corrupción, a través de integrantes del Poder Judicial.
Van desde la inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos servicios u obras públicas por un periodo de hasta 10 años, la suspensión de las actividades comerciales económicas o de negocios vinculadas a la falta, hasta la disolución de la sociedad respectiva.
La iniciativa del Ejecutivo federal actualiza, además, la causal de responsabilidad administrativa en los casos de acoso y hostigamiento sexual sin la necesidad de acreditarse el elemento normativo consistente en que ‘atente contra la dignidad’ de la víctima.
También sancionará con responsabilidad administrativa los nombramientos cruzados, estableciéndose como causal atribuible a las personas que hubieran recibido un nombramiento de base, y éstos extiendan nombramientos a los cónyuges, concubinos, convivientes o parejas en relaciones análogas o a parientes consanguíneos.
jcm/lma
